El Gobierno amplía las acciones contra empresas petroleras vinculadas con Malvinas

El Gobierno de Javier Milei anunció que ampliará las acciones judiciales contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Islas Malvinas. El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que las nuevas presentaciones también alcanzarán a directivos, proveedores y otras personas relacionadas con esas operaciones.

La estrategia oficial se apoya en la Ley 26.659, que establece restricciones para las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales. A comienzos de septiembre, además, el Gobierno designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de esa normativa y aceleró los procedimientos administrativos para investigar posibles incumplimientos.

Según explicó Ravier en Casa Rosada, las nuevas denuncias no se limitarán a las compañías que figuran formalmente en los proyectos. El Ejecutivo buscará identificar también a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan intervenido en decisiones vinculadas con las actividades cuestionadas.

La primera denuncia de esta nueva etapa alcanzó a Navitas Petroleum, sus subsidiarias británicas y las compañías canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. El Gobierno sostiene que participan de actividades en la Cuenca Malvinas Norte sin contar con autorización argentina.

También están bajo la mira los proveedores y las empresas que presten servicios para esas operaciones. Ravier señaló que quienes estén vinculados con proyectos hidrocarburíferos en Malvinas podrían quedar impedidos de realizar determinados acuerdos con el Estado argentino.

En ese marco, mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y proyectos vinculados con Vaca Muerta. La normativa recientemente modificada establece que quienes busquen acceder al RIGI deberán presentar una declaración jurada sobre el cumplimiento de la Ley 26.659, mientras que la autoridad de aplicación deberá intervenir antes de aprobar la adhesión.

Uno de los proyectos que concentra la atención del Gobierno es Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y vinculado principalmente con Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

La explotación de hidrocarburos en esa zona se desarrolla en un área alcanzada por la disputa de soberanía con el Reino Unido. Según la posición expresada por el Gobierno, el avance hacia una etapa de producción elevaría el impacto económico y estratégico de las operaciones.

El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, reforzó el esquema de control. La norma establece procedimientos específicos para investigar posibles incumplimientos, fija un plazo de 10 días hábiles para que los presuntos infractores presenten su descargo y contempla sanciones que, bajo la Ley 26.659, pueden incluir inhabilitaciones de entre cinco y 20 años.

En paralelo, el Gobierno avanza con una estrategia sobre el Atlántico Sur que incluye el proyecto de una Base Naval Integrada en Ushuaia. Ravier la definió como un punto logístico estratégico para la proyección argentina hacia el Atlántico Sur y el apoyo de las operaciones antárticas.

El funcionario señaló que la iniciativa contempla capacidades de vigilancia y control marítimo y aéreo, además de infraestructura portuaria. También vinculó el proyecto con la protección de recursos estratégicos y el desarrollo económico de Tierra del Fuego.

De esta manera, las acciones oficiales combinan herramientas judiciales, administrativas, diplomáticas y de defensa en relación con las actividades petroleras en la zona de Malvinas.